Desde la asunción de Javier Milei, el Ministerio de Salud de la Nación dejó de producir información sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Datos del proyecto Mirar, un monitoreo del CEDES en alianza con Ibis Reproductive Health, reconstruyeron a partir de solicitudes de acceso a la información que respondieron 19 provincias, que la cantidad de abortos realizados en los servicios públicos se mantiene estable. ¿De qué manera?
En 2024 el gobierno nacional dejó de comprar y distribuir los medicamentos para abortar. La cantidad de tratamientos de misoprostol y mifepristona pasó de 166.164 en 2023 a cero. En este escenario adverso, algunos ministerios provinciales salieron a abrir licitaciones sin partidas presupuestarias previamente asignadas y sin la expertise que esto requiere. Otros no lo hicieron. Como consecuencia, aumentó la desigualdad entre las provincias y es cada vez más frecuente que quienes buscan abortar enfrenten obstáculos económicos para acceder a los medicamentos.
Un informe de Amnistía Internacional muestra que se triplicaron las denuncias recibidas por barreras en el acceso al aborto. La Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) realizada por el proyecto Mirar en 6 provincias, muestra que -a pesar de la garantía de gratuidad por ley- 5 de cada 10 tuvieron que pagar algo de bolsillo para abortar, siendo la ecografía el gasto más frecuente.
DATOS CLAVE
166.164 tratamientos de misoprostol y mifepristona en 2023
0 tratamientos distribuidos por Nación en 2024
5 de cada 10 personas pagaron de su bolsillo para abortar
Se triplicaron las denuncias por barreras de acceso
Sin embargo, la misma encuesta muestra que 9 de cada 10 personas que abortaron afirman haber recibido toda la información necesaria, fueron tratadas con respeto y confían en la confidencialidad de les profesionales que les atendieron. Esto quiere decir que la calidad en el acceso al aborto está siendo sostenida por equipos de salud, comprometidos con el cumplimiento de la ley a pesar de sus propias condiciones laborales, como bien evidenciaron les trabajadores del Garrahan.
La ley de aborto en Argentina sigue vigente. Aunque ha sido blanco de múltiples ataques por parte del gobierno nacional, aunque se hayan eliminado los documentos técnicos que daban seguridad a los equipos de salud, aunque no circule la información y tengamos que sortear cada vez más obstáculos para acceder efectivamente al derecho, la ley sigue vigente. Y les pesa porque el aborto no es solo una práctica sanitaria, es una conquista social, que habla de nuestra autonomía y del lugar de las mujeres y diversidades sexogenéricas en nuestra sociedad. La vamos a seguir defendiendo en la universidad, en los servicios de salud y, por supuesto, en las calles.
La ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo cumple años en un contexto de desfinanciamiento, censura y ataques permanentes. Pero ni el ajuste ni el silencio oficial van a borrar una conquista que costó décadas de lucha feminista.
El aborto legal, seguro y gratuito se defiende en la calle, en los hospitales y en cada rincón donde se discuta nuestra autonomía.