Mientras el mundo se horroriza ante las imágenes de destrucción en Gaza, pocos saben que los bombardeos dependen de servidores en la nube de Amazon, algoritmos de inteligencia artificial de Google y sistemas de vigilancia masiva de Palantir. Las mismas empresas que alojan los datos de millones de ciudadanos comunes, que ofrecen servicios de streaming y que asisten virtualmente en los hogares, son también engranajes fundamentales de la maquinaria de guerra, el genocidio y la desestabilización política en distintas regiones del planeta.
En 2019, durante las protestas en Hong Kong, quedó en evidencia cómo las grandes tecnológicas facilitaban la represión: Amazon Web Services (AWS) alojaba plataformas de vigilancia utilizadas por las fuerzas de seguridad; Google y Apple mantenían aplicaciones de monitoreo. En Estados Unidos, el sistema "Catch and Revoke" del gobierno de Donald Trump combinó vigilancia de redes sociales, seguimiento migratorio y evaluación automatizada de amenazas para deportar estudiantes internacionales que protestaban pacíficamente contra el genocidio en Gaza; detrás de ese sistema operaba Palantir.
— Alexander C. Karp, CEO de Palantir, The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West
El caso de Palantir ha sido por demás controversial. Su CEO, Alex Karp, se jactó públicamente de que su tecnología se usa para matar y sostiene: "Si un marine estadounidense pide un rifle mejor, deberíamos fabricarlo; y lo mismo ocurre con el software". El movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) documentó que Palantir no solo colabora con la deportación masiva de migrantes en Estados Unidos a través del sistema élite, sino que también entrena sus modelos de inteligencia artificial para hospitales utilizando a la población palestina asediada en Gaza como "conejillos de indias". Y no se trata solo de Palestina. Investigaciones de +972 Magazine y Local Call revelaron que el ejército israelí utilizó servicios de almacenamiento en la nube de AWS, Google Cloud y Microsoft Azure para procesar miles de millones de archivos de vigilancia masiva sobre la población palestina. Una situación admitida públicamente por la mismísima coronel Racheli Dembinsky, jefa de la unidad de computación del ejército israelí.
Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos establecen que las corporaciones tienen la obligación de identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos. Sin embargo, como documentó Amnistía Internacional en su intercambio con Palantir en 2025, la empresa no solo no cumplió con esa obligación, sino que expandió sus contratos con agencias migratorias y militares incluso después de que la Corte Internacional de Justicia advirtiera sobre el riesgo plausible de genocidio en Gaza.
En América Latina la situación no es mejor, las tecnológicas han sido cómplices silenciosas de golpes de Estado y desestabilizaciones. Durante el golpe de Estado en Bolivia de 2019, se documentó el uso de herramientas de vigilancia digital y desinformación facilitadas por plataformas tecnológicas con sede en Estados Unidos. En Brasil, la justicia investigó el rol de empresas de mensajería en la organización de actos golpistas.
Frente a este panorama, surge una pregunta incómoda que rara vez resuena en las salas de reuniones de las empresas de software: ¿quién toma las decisiones de diseño de estas herramientas y con qué criterios?
El diseño de software como acto político
Cuando un equipo de desarrollo se reúne para planificar un nuevo sistema, los parámetros de evaluación suelen ser siempre los mismos: eficiencia, escalabilidad, costos, plazos de entrega, retorno de inversión. ¿Qué tecnología elegimos? ¿Cuál es la más rápida? ¿La tecnología más económica? ¿Son las que usa "todo el mundo"? Estas son las preguntas que se repiten reunión tras reunión.
Pero hay preguntas que casi nunca se formulan: ¿Cuál es el impacto socioambiental de la tecnología que usamos? ¿Esta tecnología puede ser utilizada para vulnerar derechos humanos? ¿Hemos ponderado la no vulneración de los derechos de la ciudadanía por encima del "derecho" del capital a obtener ganancias? ¿Quién estará del otro lado de los datos que procesamos? ¿Quién es dueño de los datos de los usuarios cuando alojamos nuestras bases de datos en servidores extranjeros? ¿Qué consentimiento hemos obtenido de parte de las, les y los usuarios para el uso de sus datos para entrenar modelos?
Un ejemplo paradigmático es la elección de proveedores de nube. La mayoría de los equipos de desarrollo eligen AWS, Google Cloud o Microsoft Azure porque son "el estándar de la industria", porque ofrecen precios competitivos, porque tienen documentación extensa. Pero muy pocos se preguntan qué están financiando con cada dólar gastado. Rara vez se evalúa el impacto social de las herramientas que se deciden incorporar. Rara vez se pregunta si existe una alternativa ética, aunque sea más lenta o más cara. Rara vez se considera que la decisión de usar una tecnología no es solo técnica, sino también política y ética. Estas empresas que sabemos negocian con la guerra y el terror mundial, elegirlas como proveedoras es una decisión política: están financiando a empresas cómplices de violaciones de derechos humanos.
Frente a esta discusión, suele aparecer una excusa recurrente entre quienes toman decisiones técnicas: "No hay centros de servidores ni data centers de gestión local con la capacidad suficiente", o bien "no existen alternativas nacionales confiables". Argentina cuenta con ARSAT, la empresa estatal que desde 2020 opera su propio Datacenter y provee servicios virtuales que han dado más de una alegría, haciendo posible la transmisión de mundiales en todas las provincias. La propia Universidad de Córdoba dispone de un centro de supercómputo (CAAD) que da servicio a investigadores e investigadoras de todo el país. Toda esta infraestructura funcionando es la que sostiene el sistema científico y tecnológico nacional, a pesar del gran ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Lo que falta no es tecnología ni capacidad local: falta decisión política para utilizarla. Desde ya que cabe la pregunta ¿Es mejor una empresa nacional que una multinacional?
Dejemos abierto por ahora el debate sobre el control de la infraestructura tecnológica y cómo pensar alternativas que involucren en su diseño el control de clase obrera, y retomemos la idea del diseño de software como neutral. A esta altura queda claro que la elección de arquitectura implica una ponderación de valores. La pregunta no es si se ponderan valores, sino cuáles. Y la evidencia muestra que, en la inmensa mayoría de los casos, se ponderan primero la eficiencia y la ganancia, y muy por detrás, cuando se considera, los derechos de las personas y el ambiente. Sabemos que esta ponderación están dadas por relaciones de producción y lxs desarrolladorxs no cuentan con plena libertad para decidir. Pero ¿qué herramienta tenemos como trabajadorxs del ámbito tecnológico para transformar esta realidad? ¿Cuál es nuestra posición como profesionales del área? ¿Cómo llevamos adelante esta discusión?.
Lo que (no) se enseña en las aulas
Es notorio que aún las discusiones técnicas en los equipos de trabajo también suelen encontrarse sesgadas hacia la lógica del mercado. Las ponderaciones excluyen sistemáticamente las consideraciones de derechos humanos y esto es, en parte, por un sistema de formación que prioriza la técnica por sobre los aspectos éticos o legales, la eficiencia por sobre la responsabilidad, la ganancia por sobre la vida.
Haciendo un relevamiento de los planes de estudio de las principales universidades que forman a las y los desarrolladores del futuro en Argentina revela un panorama desolador. Y cabe aclarar que este análisis pone el foco en las universidades públicas, en donde el debate curricular se da en un plano democrático y no como una visión de negocios de una empresa educativa.
Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica Nacional, el plan de Ingeniería en Sistemas de Información incluye 35 asignaturas obligatorias. De ellas, apenas una tiene una vinculación explícita con la dimensión ética y social de la profesión: "Ingeniería y Sociedad", con solo 2 horas semanales. No hay materias dedicadas a ética del software, a derechos humanos, a legislación de protección de datos, a responsabilidad profesional ante violaciones de derechos. La formación ética es un apéndice marginal, casi un trámite.
En la Universidad Nacional de Quilmes, la Diplomatura en Programación Informática (1656 horas) no incluye ninguna materia de ética, derechos humanos o legislación. Recién en el ciclo superior de la Licenciatura aparece una oferta de materias orientadas donde se encuentra "Derechos de Autor y Derechos de Copia en la Era Digital" (72 horas) y "Políticas Públicas en la Sociedad de la Información y la Era Digital" (72 horas). Sin embargo, se trata de optativas dentro de un extenso listado (junto a Bases de Datos II, Videojuegos o Redes Neuronales).
En la Universidad Nacional de La Plata, el plan de Licenciatura en Informática del año 2021 muestra un avance: en el quinto año aparecen "Aspectos Sociales y Profesionales de Informática" y "Aspectos Éticos, Sociales y Profesionales Avanzados". Es un paso adelante, pero la ubicación al final de la carrera sugiere que la ética es un "extra", no un eje transversal que atraviese toda la formación. No hay información pública sobre si estas materias discuten casos como los de Palantir y AWS antes mencionados, o las leyes de protección de datos.
En la Universidad de Buenos Aires, el nuevo plan de Ingeniería en Informática tiene una fundamentación ambiciosa: promete formar profesionales con "conciencia social, compromiso para encarar de manera adecuada las problemáticas de género, inclusión, diversidad y derechos humanos". Sin embargo, en la estructura curricular concreta no hay ninguna materia obligatoria con esos contenidos. La ética aparece como un submódulo dentro de "Empresas de Base Tecnológica", cuyo foco es claramente empresarial.
El caso más interesante es el de la Universidad Nacional de Córdoba. Su nuevo plan de Licenciatura en Ciencias de la Computación (FAMAF), aprobado en 2024, incorpora una materia obligatoria llamada "Computación y Sociedad" (120 horas), que aborda "impactos sociales, culturales, políticos y ambientales de la computación ubicua", "cuestiones cognitivas, éticas y legales", "economía del software, derechos laborales y sindicalización". Es, sin duda, el avance más significativo entre las universidades relevadas. Sin embargo, representa un mínimo la carga horaria total de la carrera (3580 horas).
Ninguna de las universidades analizadas incluye en sus planes de estudio obligatorios una materia dedicada a la ética del software, a los derechos humanos en la era digital, a la responsabilidad profesional ante violaciones de derechos, o a la legislación de protección de datos. Queda abierta la pregunta sobre cuál es entonces la preparación que damos a los y las futuras profesionales para tomar decisiones responsables en la construcción de los sistemas que manejan el mundo.
Queda bien claro que la tecnología no es neutral, el código no es neutral, y quienes escriben el código tampoco deberían serlo. Cada decisión de diseño, cada elección de proveedor, cada línea de código implica una ponderación de valores. La pregunta es si esa ponderación se hace de manera consciente, informada y crítica, o si se deja librada a la inercia de una "ética económica" que prioriza la eficiencia y la ganancia por sobre los derechos humanos. Los profesionales con licencias para programar requieren de las herramientas teóricas que les permitan hacer foco también en los aspectos éticos.
PLANES DE ESTUDIO RELEVADOS
Universidad Tecnológica Nacional: 35 asignaturas obligatorias. Apenas una con vinculación explícita a la dimensión ética: "Ingeniería y Sociedad" (2 horas semanales).
Universidad Nacional de Quilmes: Diplomatura: 1656 horas, ninguna materia de ética. Licenciatura: "Aspectos Legales y Sociales" (72 horas).
Universidad Nacional de La Plata: Plan 2021: "Aspectos Sociales y Profesionales" (5to año). La ética aparece al final, como un "extra".
Universidad de Buenos Aires: Nueva Ingeniería promete "conciencia social", pero ninguna materia obligatoria con esos contenidos.
Universidad Nacional de Córdoba: Plan 2024: "Computación y Sociedad" (120 horas, 3,4% de la carga horaria). El avance más significativo.
Las universidades y los, les y las docentes que las conformamos tenemos una responsabilidad ineludible en este aspecto. Debemos transversalizar el debate sobre recursos, infrastructura, derechos humanos y ambientales a lo largo de toda la formación. Debemos garantizar que cada estudiante se gradúe sabiendo que su trabajo tiene consecuencias en el mundo real, que puede ser utilizado para vulnerar derechos o para protegerlos, y que tiene el poder y la responsabilidad de elegir e informarse.
Mientras tanto, las grandes tecnológicas siguen facturando millones con contratos militares, los ejércitos siguen utilizando sistemas de inteligencia artificial para generar listas de ejecución, los migrantes siguen siendo deportados por algoritmos, y las universidades siguen formando profesionales técnicamente brillantes pero ética y políticamente desarmados.
Como ha quedado brutalmente demostrado en Gaza, en Myanmar, en la frontera sur de Estados Unidos y en tantos otros lugares, el código también puede ser un arma de guerra, y quienes lo escriben pueden marcar la diferencia. No podemos dejar que las próximas generaciones de desarrolladoras y desarrolladores se licencien sin haber discutido nunca su responsabilidad sobre el código que construyen. Porque, aunque esa reflexión no resuelva el problema de fondo (el capitalismo monopólico), nos permite delinear el camino imprescindible hacia un mundo más justo.
Notas
"How Big Tech powers Israel's genocide in Gaza", 2024. +972 Magazine.
"Why Hong Kong's Tech Sector is complicit in state repression", 2020. Amnesty International.
"Palantir Powers Trump's 'Catch and Revoke' System for Deporting Immigrant Students", 2025. The Guardian
The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, Alexander C. Karp. 2025.
"Palantir: Profiting from genocide and deportation", BDS movement 2025.
"The cloud over Gaza: How AWS, Google and Microsoft enable mass surveillance", 2024. +972 Magazine y Local Call
"Palantir: No compliance with UN Guiding Principles despite genocide warnings". Amnesty International, 2025.
ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.), Informes de gestión y servicios de Datacenter. Disponible en: https://www.arsat.com.ar
Centro de Alta Computación (CAAD) - Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en: https://caad.unc.edu.ar