¿Quién es el dueño de Argentina? La histórica pregunta volvió a ocupar el centro de la escena a partir del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno actual de Javier Milei. Presentada como una "herramienta destinada a fortalecer la seguridad jurídica y estimular las inversiones", la iniciativa viene a reabrir una discusión mucho más profunda que la mera protección del derecho de propiedad. No muy en el fondo pone nuevamente en tensión interrogantes que atraviesan la historia argentina: ¿Quién controla la tierra? ¿Quién decide sobre el uso de los recursos naturales? ¿Qué papel debe desempeñar el Estado frente a bienes estratégicos como el suelo, el agua y los bosques?
Hablar de la tierra nunca ha sido únicamente hablar de un mero recurso económico. La tierra constituye la base sobre la cual se organizan territorios, se concentra poder e incluso se condicionan las posibilidades de desarrollo. Sobre ella se producen alimentos, se preservan ecosistemas, se almacenan reservas de agua dulce y se proyectan decisiones que afectan a generaciones enteras. Es por esto que cada modificación del régimen de propiedad trasciende el ámbito jurídico y expresa una determinada forma de concebir la relación entre el Estado, el mercado y el territorio.
Desde la conformación del Estado nacional, la propiedad de la tierra constituyó uno de los principales instrumentos de organización del poder económico y de producción de desigualdades a nivel territorial. La tierra que "supimos conseguir" distó de ser un espacio vacío o una conquista pacífica, la expansión de la frontera estatal durante el siglo XIX implicó la ocupación militar de territorios habitados por pueblos originarios, el aniquilamiento y desplazamiento de sus poblaciones y la consolidación de un patrón de concentración de la propiedad cuyos efectos continúan moldeando la geografía económica y política de la Argentina. Recordar ese proceso no significa discutir únicamente el pasado, implica reconocer que toda política sobre la tierra dialoga, inevitablemente, con esa herencia territorial.
A esa trayectoria histórica se suma un escenario internacional actual diferente. Durante las últimas décadas, la creciente demanda global de alimentos, minerales, energía y agua convirtió a la tierra en un "activo estratégico" para fondos de inversión, corporaciones transnacionales y grandes patrimonios financieros. En consecuencia, el debate dejó de limitarse a la producción agropecuaria y comenzó a incorporar cuestiones vinculadas con la soberanía territorial, la seguridad alimentaria, la protección ambiental y la capacidad de los Estados para regular recursos considerados "estratégicos".
Es desde este pasado y en este presente que se inscribe el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso el 27 de marzo de 2026 (Mensaje N.º 22/26; Expediente PE-13/26). Su tratamiento ya comenzó en abril del presente año en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, donde los dictámenes emitidos el 20 y el 28 de mayo introdujeron modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego. Los intentos de otorgar media sanción durante las sesiones del pasado 25 de junio y del 16 de julio fracasaron por falta de consensos políticos, por lo que el debate fue reprogramado para el próximo 6 de agosto.
La iniciativa propone modificar cinco normas vinculadas con la propiedad privada y el acceso a la tierra. En materia de expropiaciones, endurece las condiciones para declarar la utilidad pública, exige el pago previo de una indemnización plena y limita la posibilidad de que el Estado tome posesión anticipada de los bienes. Respecto de los desalojos establece procedimientos sumarísimos, reduce los plazos judiciales y fortalece la posición de los propietarios frente a ocupantes e inquilinos y también modifica la legislación sobre manejo del fuego al eliminar las restricciones para el cambio de uso de los suelos incendiados en áreas rurales, manteniendo únicamente las protecciones referidas a los bosques nativos incorporadas durante el debate legislativo.
Uno de los aspectos del proyecto que más merece atención es la reforma de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Aquella norma había establecido límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras con el propósito de preservar el control nacional sobre recursos estratégicos, áreas de frontera y así evitar una concentración excesiva de la propiedad en manos del capital foráneo. Quince años después de promulgada una ley que hacía concesiones a la ocupación extranjera, el gobierno de La Libertad Avanza propone eliminar aquellas restricciones existentes que impiden un "remate" integral del país bajo el argumento de que constituyen un "obstáculo para las inversiones y el crecimiento económico".
Más que una reforma jurídica, el proyecto expresa una forma particular de concebir el territorio y la soberanía, dejando de entenderse como un espacio habitado, gobernado y protegido en función de un interés nacional. Esto, para convertirse en un activo económico cuya asignación queda sujeta a la ilusión del "equilibrio" del mercado y a los intereses de los pocos que concentran el capital, despojando del derecho a la tierra de las comunidades que la habitan y/o la ponen a producir.
El posicionamiento entreguista del ejecutivo nacional se resume en las declaraciones del ex jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel, en el IEFA Latam Forum:
Desde el discurso se ha intentado concebir al problema como una simple cuestión entre inversión y regulación, lo que despolitiza y simplifica intencionalmente un problema mucho más complejo donde la tierra no constituye un bien cualquiera dentro del mercado. Se trata de un recurso finito, inmóvil y territorialmente localizado, cuya apropiación en manos de oligarquías nacionales y extranjeras condiciona el acceso al agua, la producción de alimentos, la conservación de ecosistemas y las posibilidades de planificación del desarrollo para el conjunto de la ciudadanía.
La tierra que "supimos conseguir" nunca fue simplemente una mercancía, fue (y lo sigue siendo) un proceso que David Harvey define como acumulación del capital por desposesión. Es decir, la concentración actual de la tierra y la pretendida extranjerización por parte de Javier Milei es el resultado de disputas, conquistas, despojos y políticas estatales que configuraron la geografía del país.
La pregunta ya no es únicamente quién puede comprar la tierra argentina. La pregunta es quién tendrá la capacidad de decidir sobre ella y, en última instancia, qué modelo de territorio y de soberanía estamos dispuestos a construir para las próximas generaciones.
La respuesta al qué hacer frente a esta ofensiva no se hizo esperar: organizaciones políticas y activistas agrupados en asambleas ciudadanas de todo el país, convocan a luchar contra la extranjerización del territorio, los desalojos y la depredación ambiental, y por el rechazo al tratamiento y aprobación de este proyecto de entrega.
Bibliografía
- Harvey, D. (2016). El Nuevo Imperialismo. Madrid: Akal.