La lucha parlamentaria ha sido muchas veces un terreno esquivo para algunos sectores de la izquierda. Pero también en el Congreso se disputan derechos y se expresan las relaciones de fuerza construidas con organización y movilización popular. Así que vale la pena mirar qué pasa puertas adentro. En este artículo, ponemos la lupa en la representación femenina en el Congreso argentino, con especial atención a una disputa emblemática: la del aborto legal.
En sociedades capitalistas periféricas como la nuestra, donde la concentración de la riqueza convive con democracias frágiles, la representación política de las mujeres está atravesada por la misma lógica que organiza el poder económico: exclusión, segmentación y captura de agenda. La desigualdad de género se articula, así, con la desigualdad económica y con las jerarquías que definen quién puede hablar, quién puede decidir y quién puede disputar el sentido de lo público. Analizar la representación de género exige, entonces, mirar quiénes son las mujeres que acceden a las bancas, qué intereses representan y qué proyectos políticos encarnan.
Así, la disputa por la representación de las mujeres es también una disputa por el modelo de sociedad. Por eso, no existe una agenda de género homogénea, sino agendas en permanente conflicto, cada una de las cuales tiene anclaje en una determinada cosmovisión social y política integral. Sin una perspectiva de clase que examine ese contenido, la narrativa de los “avances en igualdad de género” se vuelve funcional al orden existente.
¿Qué mujeres han llegado al Congreso?
Los datos sobre las mujeres que llegan al Congreso de la Nación en Argentina1 exhiben una homogeneidad estructural que atraviesa cuatro décadas: predominan las mujeres blancas, urbanas, profesionales, de clase media y madres con posibilidades de delegar cuidados. La mayoría de ellas accede a la política por circuitos institucionales y profesionales. Este patrón persistió incluso tras la aprobación de la Ley de Paridad en 2017. La presencia femenina en el Congreso se amplió, pero sus perfiles no se diversificaron en la misma medida2. Esto ilustra la presencia de un filtro social en el acceso a las bancas: las mujeres representantes no reflejan la diversidad social, cultural, familiar, geográfica y étnica de las mujeres representadas.
Ahí vemos cómo las desigualdades de género y de clase se articulan en la selección de quién llega al Congreso: el mismo sistema que históricamente expulsó a las mujeres de la política es el que sigue levantando barreras para los demás sectores subordinados. Las medidas de acción afirmativa -cupo primero y paridad después- ampliaron la presencia femenina, pero lo hicieron dentro de una arquitectura social que conserva sus filtros tradicionales casi intactos. Es decir, la puerta se abrió, sí, pero no para todas. La paridad formal habilita el ingreso, pero es la disparidad material la que decide quién puede atravesarlo.
¿Cómo han votado las mujeres en el Congreso?
Sabemos que no existe una relación automática entre la proporción de mujeres en el Congreso y la expansión de derechos3. Por eso, interesa examinar los proyectos concretos que se debaten en el recinto y las luchas que encuentran expresión en ellos.
En ese sentido, las iniciativas orientadas a ampliar el acceso femenino a la política, como el cupo y la paridad, concitaron una amplia convergencia entre las legisladoras. En cambio, en los debates sobre matrimonio igualitario o aborto legal, que cuestionaron mandatos de género en los ámbitos familiar y sexual, se expresaron posiciones enfrentadas.
Para abordar la complejidad de este asunto conviene hacer un doble clic en el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), una demanda histórica de la agenda feminista, que dio lugar a la “marea verde”, ese gigantesco proceso de movilización popular que incluso trascendió las fronteras nacionales. El recorrido parlamentario de esta ley permite mirar en conjunto el tratamiento fallido de 2018, la aprobación de 2020 y, entre ambos, la primera aplicación de la Ley de Paridad de Género.
En 2018, el proyecto de legalización del aborto obtuvo media sanción en Diputados, pero fue rechazado en el Senado. En esa ocasión, solo la mitad de las legisladoras mujeres acompañó la iniciativa. La división atravesó los bloques y puso en primer plano la cuestión de los compromisos programáticos. Entre los pocos bloques que actuaron de modo conjunto se encuentra el FIT, cuyos representantes votaron unánimemente a favor, sin diferencias entre hombres y mujeres, en consonancia con una demanda que sus partidos ya sostenían como parte de su programa político. Esa defensa inscribía la legalización del aborto en un cuestionamiento del statu quo y del rol tradicional asignado a las mujeres. En contraste, los principales partidos patronales llegaron a la discusión sin una posición programática común sobre esta demanda y dejaron el voto librado a las convicciones individuales de sus integrantes4.
En 2020, con un Congreso más paritario y un clima político más favorable, el aborto fue ley. Paradójicamente, el Senado, la cámara que tenía la llave decisiva de la votación, contaba con dos diputadas menos que en 2018: 28 frente a 30. Así, quedó en evidencia que sumar mujeres, por sí solo, no alcanza para explicar el cambio.
Para entender lo sucedido en el transcurso de esos dos años hay que observar la correlación de fuerzas: la marea verde, la irrupción plebeya del feminismo, las pibas en las calles y el impulso de organizaciones sociales y políticas combativas habían instalado la demanda y contribuido a construir nuevos consensos. La conquista se gestó en esa lucha colectiva y se abrió paso en la arquitectura institucional burguesa, donde se obligó a las élites políticas a mover la frontera de lo posible.
Sin embargo, aquella épica consigna “Es ley” no clausuró la disputa. Pocos años después, con la llegada de Milei al poder, los avances conquistados volvieron a estar bajo ataque. En 2024, el bloque oficialista presentó un proyecto de derogación de la ley de aborto, que proponía incluso criminalizar las interrupciones de embarazos producto de violación. La iniciativa, que implicaba retroceder más de un siglo en materia de derechos de género, fue presentada por una diputada mujer, la libertaria Rocío Bonacci, ante un Congreso con la mayor proporción femenina de los últimos cuarenta años5.
Esta situación pone de relieve lo señalado al comienzo: las agendas de género están en colisión. La agenda libertaria se articula en diversos proyectos regresivos, destinados a desfinanciar políticas de prevención de violencia, desmontar programas de salud sexual y reproductiva, restringir la ESI y deslegitimar la agenda feminista bajo el discurso de la “ideología de género”6.
Ahora bien, la ofensiva antiderechos del gobierno de Milei es de amplio espectro: articula el conservadurismo moral con la desprotección en materia de trabajo, jubilaciones y cuidados, ámbitos en los que se define en gran medida la autonomía material de las mujeres. Son engranajes de un mismo proyecto integral de exclusión. Por eso, el compromiso con los derechos de las mujeres más postergadas también se juega en las políticas económicas que se acompañan.
Y ahí nos encontramos con la contradicción de las otrora sororas, devenidas aliadas del gobierno de Milei. Como ejemplo ilustrativo, Silvia Lospennato pasó de abanderada del pañuelo verde en 2018 a uno de los principales cráneos de la Ley Bases en 2024. Una ley tan abarcativa como nefasta que, entre otros retrocesos, eliminó la doble indemnización para trabajadoras de casas particulares y quitó protección frente a discriminación de género en el ámbito laboral7.
Así vemos que aquella marea verde, con su desborde y contundencia, había dejado circunstancialmente en segundo plano intereses de clase y diferencias políticas que seguían ahí. Cuando la marea se aquietó, pudo verse a mujeres que habían batallado por el empoderamiento femenino en abstracto y que ahora no tenían reparos en acompañar -o, incluso, diseñar de puño y letra- políticas de desempoderamiento de las mujeres trabajadoras.
En contraste, para nosotras, las socialistas, la agenda feminista disputa no solo derechos individuales, sino que interpela el trabajo, la violencia institucional, la reproducción social, la acumulación capitalista. Para nosotras, la desigualdad de género es constitutiva de la desigualdad estructural de esta sociedad. Por eso, entendemos que la legislación progresiva de género forma parte de un pliego de reivindicaciones más amplio, inseparable de una estrategia de transformación social.
En suma, la legalización del aborto en la Argentina condensó una victoria histórica de carácter trasversal. A la vez, el recorrido de la discusión legislativa sobre el tema resulta muy revelador respecto de la relación entre mujer y poder político. Por un lado, ratifica una premisa conocida: la representación descriptiva no garantiza la representación sustantiva, porque hay mujeres que votan contra los derechos de las mujeres. Pero también muestra algo menos evidente: la representación sustantiva, por sí sola, tampoco asegura una agenda emancipatoria capaz de transformar las condiciones de desigualdad histórica y estructural que producen la subordinación femenina.
¿Cómo nos organizamos las mujeres?
La conquista del derecho al aborto y la feroz ofensiva posterior muestran por qué la pelea no termina cuando se aprueba una ley. La representación sustantiva de género anclada en una perspectiva de clase se construye en la relación entre quienes ocupan cargos y quienes sostienen las luchas.
Los Encuentros de Mujeres —ampliados en su trayectoria plurinacional y de disidencias— forman parte de esa construcción. Mujeres de sindicatos, organizaciones territoriales, partidos, universidades y barrios se han reunido para compartir experiencias, discutir sus diferencias y elaborar demandas. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, gestada en esos encuentros y lanzada en 2005, es una pieza clave de ese recorrido y del impulso colectivo que convirtió la marea verde en sujeto político.
Encontrarse no borra las diferencias políticas ni los intereses de clase, sino que los pone sobre la mesa. Permite reconocer problemas comunes, discutir prioridades y construir acuerdos entre experiencias sociales distintas. La perspectiva de clase introduce, ahí, una pregunta ineludible: qué condiciones deben transformarse para lograr el empoderamiento real de las mujeres que vivimos de nuestro trabajo y cargamos con el peso mayor de la desigualdad.
En un contexto de ajuste y ofensiva contra los derechos conquistados, participar del Encuentro es una forma de defender lo ganado y de ampliar nuestra capacidad de organización y disputa de poder. La representación política solo forma parte de esa construcción cuando se articula con las luchas que la sostienen y las proyectan hacia las instituciones. Y en escenarios tan regresivos, es la fuerza organizada de las mujeres la que vuelve a abrir el horizonte de lo posible.
Notas
- 1 En este artículo, el término «legisladoras» se refiere al conjunto de las diputadas y senadoras del Congreso de la Nación.
- 2 Datos oficiales del Congreso de la Nación Argentina, bases de datos de ONGs, investigaciones periodísticas, información publicada por las propias legisladoras en internet y artículos de prensa.
- 3 Cuando se aprobó la Ley de Divorcio Vincular (1987), las mujeres eran apenas el 4% de la Cámara de Diputados y el 7% del Senado. Cuando se sancionó la Ley de Cupo Femenino (1991), las mujeres constituían solo el 6% en Diputados y 9% en el Senado (cálculos propios sobre la base de datos oficiales del Congreso de la Nación Argentina).
- 4 Grinstein, Candela, y Ariadna Gallo. 2021. “Democracia paritaria, democracia partidaria y agendas de género en conflicto. El caso del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina (2018).” Observatorio Latinoamericano y Caribeño 5 (1). https://doi.org/10.62174/olac.6779.
- 5 Cálculos propios sobre la base de datos oficiales del Congreso de la Nación Argentina.
- 6 Las primeras iniciativas del gobierno de Milei ya habían tenido esa orientación: restringir las capacitaciones de la Ley Micaela, sustituir el enfoque de derechos de la Ley de los Mil Días por una concepción centrada en la maternidad (Ley Ómnibus originaria).
- 7 El art. 95 establece una indemnización agravada para los despidos discriminatorios, incluidos los motivados por sexo o género, clausurando la vía de la reincorporación.