Hay momentos en los que la ciencia deja de ser solamente aquello que hacemos en un laboratorio, una publicación o una conferencia, y nos interpela como ciudadanos. Para mí, SPRINT fue uno de esos momentos.
Participé como voluntaria del proyecto internacional SPRINT —Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach—, financiado por la Unión Europea para estudiar la exposición a plaguicidas desde una perspectiva de Una Salud, entendiendo que la salud humana, animal y ambiental son dimensiones inseparables de un mismo problema.
En Argentina fuimos 73 voluntarios y voluntarias. Aportamos muestras de sangre, orina y materia fecal y utilizamos pulseras de silicona que permitieron registrar sustancias presentes en nuestro entorno. También fueron estudiadas matrices ambientales, alimentos y animales.
Yo no observé SPRINT desde afuera. Puse literalmente mi cuerpo a disposición de la ciencia. Y eso cambia, inevitablemente, la mirada.
Lo que SPRINT permitió ver
Hay algo que debemos aclarar desde el comienzo: encontrar un plaguicida en sangre, orina o materia fecal no demuestra por sí mismo que haya producido una enfermedad determinada. Ser rigurosos también significa reconocer los límites de aquello que nuestros datos permiten afirmar.
Pero esa prudencia no puede utilizarse para minimizar lo que SPRINT sí demostró: estamos expuestos a mezclas de múltiples plaguicidas y, en varios indicadores, los resultados argentinos fueron considerablemente superiores a los encontrados en los países europeos participantes.
En el análisis de sangre realizado sobre 736 personas de diez países europeos y Argentina, la mediana europea fue de 2 plaguicidas diferentes por muestra, mientras que en Argentina alcanzó 5,5. Es decir, casi tres veces más. Entre las 73 muestras argentinas se detectó bromoxynil1 en 69, fipronil-sulfona en 67 y chlorpyrifos-methyl en 53.
Los resultados publicados posteriormente sobre glifosato son todavía más elocuentes. En materia fecal, la mediana europea fue de 17,6 µg/kg y se detectó glifosato en el 70,5 % de las personas. En Argentina apareció en el 100 % de las 69 muestras analizadas, con una mediana de 153 µg/kg: aproximadamente 8,7 veces la concentración mediana europea.
La diferencia también apareció en el ambiente. Un trabajo publicado en Water Research, que estudió 193 residuos de plaguicidas en pequeños cuerpos de agua de diez países europeos y Argentina, ubicó al sitio argentino como el de mayor concentración total de plaguicidas entre los estudiados.
No corresponde afirmar que “Argentina tuvo más de todo”. Pero tampoco deberíamos eludir el dato central: en indicadores humanos y ambientales relevantes, la exposición observada en Argentina fue sensiblemente mayor que la registrada en Europa.
Esto no debería generar pánico. Debería generar preguntas: ¿A qué estamos expuestos? ¿En qué concentraciones? ¿Por qué vías? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué ocurre cuando esas sustancias están presentes simultáneamente? ¿Qué efectos pueden tener las exposiciones crónicas y las mezclas?
Estas preguntas requieren más investigación, nunca menos.
Cuando conocer se vuelve incómodo
El 21 de junio de 2023 estaba prevista una reunión para comunicar a los participantes los resultados generales de SPRINT Argentina. El 15 de junio, la Dirección Nacional del INTA instruyó a Virginia Aparicio, coordinadora argentina del proyecto, a suspender esa presentación. Esto ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández. Los resultados científicos, sin embargo, continuaron su camino y fueron posteriormente presentados en congresos y publicados en revistas internacionales con revisión por pares.
Tres años después, Virginia Aparicio enfrenta un sumario administrativo. Según informó públicamente su abogado, el expediente propone su exoneración, la sanción más grave prevista dentro del empleo público. Al momento de escribir estas líneas no se ha hecho pública una resolución definitiva que la haya aplicado. La situación motivó incluso un proyecto de resolución presentado el 17 de septiembre de 2026 en la Cámara de Diputados expresando preocupación por la persecución denunciada por trabajadores del INTA.
No me corresponde sustituir las instancias administrativas ni jurídicas que deben analizar las imputaciones concretas. Pero sí considero, como científica, ciudadana y voluntaria de esa investigación, que existe una pregunta bioética imposible de soslayar:
¿Qué mensaje recibe una comunidad científica cuando quien produce y comunica conocimiento sobre un problema ambiental y sanitario puede terminar enfrentando la máxima sanción administrativa?
Hay además una dimensión institucional que debería interpelarnos. Que la suspensión de la comunicación de SPRINT haya comenzado bajo un gobierno y el proceso haya continuado bajo otro de orientación política prácticamente opuesta deja una inquietud difícil de ignorar: que, más allá de las banderas partidarias, intereses económicos estructurales puedan conservar capacidad para condicionar qué conocimientos científicos circulan, qué preguntas se investigan y qué debates llegan a la sociedad. No afirmo que podamos demostrar esa relación causal. Digo que la continuidad del conflicto obliga, al menos, a hacernos esa pregunta. La historia de la ciencia argentina aporta un antecedente que merece ser recordado. En 2009, el investigador del CONICET Andrés Carrasco hizo públicos resultados experimentales sobre los efectos de formulaciones basadas en glifosato sobre el desarrollo embrionario. Su trabajo generó una intensa controversia y Carrasco recibió amenazas e intimidaciones que motivaron un proyecto de declaración de repudio en la Cámara de Diputados. Los casos no son iguales y sería incorrecto presentarlos como tales. Pero comparten una pregunta inquietante: ¿qué sucede cuando determinados resultados científicos interpelan intereses productivos, económicos o institucionales profundamente instalados?
Carrasco hablaba de “ciencia digna”. Ese concepto conserva hoy una enorme vigencia.
Una cuestión profundamente bioética
La bioética no se limita desde hace tiempo a la relación médico-paciente. Nos obliga a reflexionar también sobre ambiente, investigación, justicia, distribución de riesgos y beneficios, generaciones futuras y responsabilidad social de las instituciones científicas. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO establece principios particularmente pertinentes: responsabilidad social y salud, distribución de los beneficios de la investigación, protección del ambiente y la biodiversidad, integridad, transparencia y diálogo plural. Para quienes fuimos voluntarios de SPRINT esto tiene un significado concreto. No entregamos nuestras muestras únicamente para producir publicaciones científicas. Las entregamos porque confiamos en que conocer qué sucede en nuestros cuerpos y ambientes podía contribuir a comprender un problema colectivo. Existe allí una suerte de pacto ético entre ciencia y sociedad. Las personas aportan tiempo, información e incluso muestras de sus cuerpos; quienes hacemos ciencia asumimos a cambio la responsabilidad de transformar esa participación en conocimiento riguroso, interpretarlo responsablemente y ponerlo al servicio del bien común. Cuando ese circuito se interrumpe, el problema no es únicamente científico, es bioético.
También es una cuestión de derechos. El artículo 41 de nuestra Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y asigna al Estado responsabilidades sobre protección e información ambiental. El Acuerdo de Escazú incorpora además el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
El principio de precaución tampoco exige afirmar aquello que todavía no sabemos. Exige exactamente lo contrario: reconocer con honestidad lo que sabemos y lo que todavía desconocemos, y continuar investigando. Medir no es condenar a un sector productivo. Medir es conocer. Y conocer permite prevenir, corregir y mejorar.
Defender una ciencia digna
Como investigadora del CONICET sé cuánto cuesta formar científicos, construir laboratorios, sostener líneas de investigación y producir conocimiento durante años. Por eso defender la ciencia argentina no consiste solamente en defender presupuestos, salarios e instituciones, aunque todo ello sea indispensable. Significa también defender para qué hacemos ciencia.
Una ciencia digna reconoce sus límites, no exagera resultados, pero tampoco los oculta. Pregunta, mide, debate y se corrige. Protege a quienes participan de las investigaciones y entiende que el conocimiento financiado y sostenido por una sociedad tiene una responsabilidad hacia esa misma sociedad. Hoy hablamos de plaguicidas. Mañana puede tratarse del agua, un medicamento, un alimento, una actividad industrial o una enfermedad emergente.
Si quienes investigamos comenzamos a preguntarnos primero “qué me puede pasar si encuentro algo” antes que “qué dicen los datos”, habremos perdido algo esencial.
Tenemos derecho a saber a qué estamos expuestos y tenemos la obligación colectiva de investigar qué significa esa exposición.
SPRINT encendió una luz. Apagarla no elimina aquello que esa luz permitió ver.
Por eso, como investigadora y como voluntaria, considero que la situación de Virginia Aparicio merece una reflexión científica, institucional y profundamente bioética.
Y desde este lugar hago también un llamado a mis colegas: no naturalicemos el silencio. Defendamos el derecho a preguntar, a medir, a comunicar y a conocer.
Porque defender a quienes investigan con rigor e independencia no significa defender una persona o una posición política.
Significa defender algo que pertenece a toda la sociedad: una ciencia digna, libre, ética y comprometida; una ciencia por y para nuestro pueblo.
Podés conocer más sobre el uso de agrotóxicos y las diferentes dimensiones de la problemática en nuestra editorial del mes de Agosto: “Agrotóxicos: la banalidad del mal y el rol de la ciencia argentina.“