Desde hace meses escuchamos por cadena nacional e internacional las advertencias de los directivos de las principales empresas tecnológicas sobre las posibles pérdidas de puestos de trabajo que podría generar la "Inteligencia Artificial". Horas y horas de contenido multimedial para narrar los cambios en el mundo laboral a partir de esta tecnología. Sin embargo, y aún no habiendo llegado a la singularidad, podemos ser testigos de la gran crisis mundial. Las calles de todo el mundo se inundan de reclamos contra el ajuste sobre el pueblo trabajador (porque sí, los trabajadores del mundo somos un solo pueblo) y contra el modelo extractivista que deja sin hogar a las Maricarmen y sin sus tierras a la comunidad de Puente Quemado II. Es por ello que en este número de la Gaceta nos proponemos poner en debate la premisa "La IA nos va a dejar sin trabajo".
En ese sentido, la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio es la muestra de que detrás de la persecución a los trabajadores y trabajadoras no hay una mano invisible, una gran fuerza que controla los hilos de la marioneta universal. Detrás de la persecución a Virginia están los gobiernos de Fernández en su momento y de Milei hoy, de rodillas al lobby sojero y a la mesa de enlace del campo. No se necesitaron computadoras cuánticas para su exoneración, bastaron las manos ejecutivas de los burócratas de turno y algún que otro leguleyo que prestara sus saberes para armar una cacería de brujas, que ni el delirio más grande de la "IA" podría orquestar.
Virginia Aparicio coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea y aprobado y avalado por las autoridades del INTA, en el que se midió la presencia de plaguicidas en personas, animales, alimentos y agua (Silva et al., 2021). Los resultados mostraron presencia de glifosato en el 86,1% de las personas estudiadas en el país, y en el 100% de las muestras de materia fecal de los participantes bonaerenses (Dias et al., 2026). En el 100% de las viviendas estudiadas se encontraron en el polvo mezclas de entre 25 y 121 residuos por hogar (Navarro et al., 2023). Además las pruebas sobre el agua destinada al consumo humano en los 11 países que formaron parte del estudio, mostraron a Argentina como el de mayor concentración total de plaguicidas (Aparicio & De Gerónimo, 2024; Navarro et al., 2024). Son justamente los datos de impacto en la salud pública los que los gobiernos de Fernández y Milei quisieron tapar, desviando la atención hacia Virginia. Y resulta paradójico que gobiernos que se dicen democráticos vayan contra leyes como la Ley 26.899, que establece la obligatoriedad de la divulgación de los datos que surgieran de estudios científicos en los repositorios abiertos de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Si no podemos publicar nuestros resultados aún cuando la ley lo exige y aún cuando son de interés para la salud pública, entonces para quién son esos datos? ¿Quién decide qué datos son relevantes y cuáles no?
El cuento de la buena pipa
En este punto queda claro que el gobierno nacional no tiene interés alguno en los datos que incomoden al capital, y mucho menos aquellos que permitan dar herramientas al pueblo trabajador. Por ello no resulta sorpresivo que la Comisión Asesora de Inteligencia Artificial del CONICET no cuente con representantes sindicales que velen por el cumplimiento de los derechos laborales y humanos de los y las trabajadoras del organismo (CONICET, 2026). Una comisión que, según el comunicado oficial, tendrá entre sus funciones "analizar la factibilidad y riesgos" de la aplicación y uso de modelos generativos en los procesos administrativos internos, como ser tal vez la gestión de los repositorios digitales y las evaluaciones anuales a investigadores y becarios. Y aunque la comisión pueda incluir expertos y expertas que traigan sus inquietudes sobre las tecnologías a usar en términos de gobernanza, accesibilidad y transparencia, sobrevuelan algunas preguntas inquietantes a la cuestión: ¿Quién eligió y evaluará el desempeño de la comisión? ¿Qué precauciones anti-sesgo, censura y persecución tomará esta comisión? ¿Con qué autorización cuenta CONICET para la utilización de los datos personales de sus trabajadores para el entrenamiento de los modelos a implementar? ¿Quién evaluará y con qué criterios si los resultados de la "IA" son buenos o no? ¿Quién va a garantizar que los derechos adquiridos por las luchas históricas del sector no sean vulnerados?
Porque bien sabemos que el uso de herramientas de "IA" en manos de las patronales y sin supervisión de los trabajadores redunda en una vulneración de los derechos de los mismos. Un caso paradigmático es el reciente conflicto en la empresa Amazon, que desarrolló un sistema interno de inteligencia artificial llamado Atlas, que utiliza cientos de datos de sus empleados para evaluar la probabilidad de que se sindicalicen o lleven a cabo acciones "disruptivas" en sus almacenes (The Globe and Mail, 2026). Según documentos internos revelados en un litigio laboral entre Amazon y el sindicato canadiense Unifor ante la Junta de Relaciones Laborales de Columbia Británica, Atlas clasifica los centros de distribución en una escala de cinco niveles, donde el nivel 1 indica "actividad futura inminente" y el nivel 5 "ningún riesgo percibido" (openDemocracy, 2026). Los datos que alimentan el sistema incluyen desde incidentes de seguridad y encuestas internas de retroalimentación hasta publicaciones en foros externos como Reddit (Computer Weekly, 2026).
La clave aquí no es si Atlas "decide" individualmente quién es sindicalista y por tanto quién se quedará sin trabajo, sino que la herramienta existe porque la patronal ha decidido desarrollarla, implementarla y desplegarla. Rachel Fagan, organizadora del sindicato GMB, lo sintetizó con precisión: "Amazon está usando esta tecnología para manipular a los trabajadores que quieren organizarse. Nada en esta lucha contra Amazon es un terreno de juego nivelado; ellos tienen toda la riqueza, toda la tecnología, todo a su disposición y lo usan". El parlamentario británico Liam Byrne, presidente del Comité de Negocios e Innovación de la Cámara de los Comunes, advirtió que "los trabajadores deberían poder discutir las condiciones laborales, plantear preocupaciones colectivas y considerar afiliarse a un sindicato sin temer que sus opiniones contribuyan a una evaluación algorítmica del riesgo de sindicalización" (Byrne, 2026, p. 2).
A nuestra compañera no la evaluó un algoritmo. La exoneró un Consejo Directivo capturado por los intereses del agronegocio. La "IA", en este caso, no "decidió" dejar sin trabajo a Virginia, ni a los compañeros de FATE. Decidieron las patronales y sus gobiernos. Estas patronales en absoluta connivencia con los estados desarrollan modelos basados en IA con el fin de incrementar su poder de control y de perseguir a lxs trabajadores. La tecnología al servicio del capital hace que esas decisiones sean más opacas, más difíciles de rastrear y, por lo tanto, más difíciles de impugnar.
La IA no nos va a dejar sin trabajo cuál novela futurista de Isaac Asimov. Es el capitalismo con sus modelos de producción y sus lógicas para expropiar la plusvalía añadida por la clase trabajadora, el que amenaza nuestras condiciones de vida. Los modelos basados en IA desarrollados al servicio del capital agudizan este ataque.
Urge más que nunca preguntarse "ciencia para qué" y "al servicio de quienes" desarrollamos los y las trabajadoras del sistema científico y tecnológico. Los modelos basados en IA no son meras herramientas que pueden ser bien o mal usadas. Todos y cada uno de los desarrollos tecnológicos son concebidos con un determinado fin, y los modelos de inteligencia artificial no escapan a esa realidad. Es menester que esas preguntas y reflexiones se encuentren sobre la mesa antes de que se escriba la primera línea de código, ya que quienes despliegan estas herramientas sin transparencia, sin auditoría y sin participación de lxs trabajadores no están modernizando el sistema científico, ni mejorando la calidad la vida del pueblo, están profundizando el extractivismo y la dominación capitalista.
Referencias
Aparicio, V. C., & De Gerónimo, E. (2024). Pesticide pollution in Argentine drinking water: A call to ensure safe access. Environmental Challenges, 14, 100808.
Aparicio, V., Kaseker, J., Scheepers, P. T. J., et al. (2025). Pesticide contamination in indoor home dust: A pilot study of non-occupational exposure in Argentina. Environmental Pollution, 373, 126208.
Abriola, S., Figueira, S. y Uchitel, S. (2026). Los riesgos del uso de IA en Sociedades Automatizadas y Organizaciones Autónomas Descentralizadas. Instituto de Ciencias de la Computación (ExactasUBA-CONICET).
Byrne, L. (2026). Letter to Amazon on AI and anti-union activity. Business, Innovation, Science & Trade Committee, House of Commons.
CONICET (2026). El CONICET puso en marcha su Comisión Asesora de Inteligencia Artificial para la mejora de la gestión institucional.
Declaración de Montevideo (2023). CIECTI.
Dias, J., Yen, L., Alcon, F., et al. (2026). Large scale biomonitoring of glyphosate and AMPA by analysis of human and animal feces and comparison with urine. Environment International, 207, 110021.
GMB Union. (2026). Amazon deploys 'Orwellian' AI tools.
Kaufman, A. (2026). Entrevista en FM La Patriada.
Navarro, I., De la Torre, A., Sanz, P., Baldi, I., Harkes, P., Huerta-Lwanga, E., et al. (2023). Occurrence of pesticide residues in indoor dust of farmworker households across Europe and Argentina. Science of the Total Environment, 905, 167797.
Navarro, I., De la Torre, A., Sanz, P., et al. (2024). Assessing pesticide residues occurrence and risks in water systems: A Pan-European and Argentina perspective. Water Research, 254, 121419.
openDemocracy. (2026). Amazon uses AI surveillance to monitor union risk in UK warehouses.
PNAS (2023). Estudio sobre sesgos en algoritmos de decisión.
Prensa Obrera (2026). [Título de la nota].
Silva, V., Alaoui, A., Schlünssen, V., et al. (2021). Collection of human and environmental data on pesticide use in Europe and Argentina: Field study protocol for the SPRINT project. PLOS ONE, 16(11), e0259748.
The Globe and Mail. (2026). Amazon used AI tool to track risk of unionization in Canadian warehouses, documents show.
Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Argentina).